viernes, 31 de agosto de 2012

Los republicanismos en la unidad sudamericana

Para llevar a la victoria la combinada revolución cívica y popular que en distintas proporciones está viviendo América del Sur, se ha extendido el consenso en torno a la necesidad imperiosa de la unidad continental. Tod@s l@s patriotas y demócratas estamos de acuerdo en que sólo la unidad asegurará la continuidad de la revolución hacia adentro y nos permitirá participar en el reordenamiento del sistema mundial para afuera. Además la unidad sudamericana es imprescindible para garantizar la libre circulación de l@s trabajador@s y los pueblos en condiciones de dignidad. Migrar dentro del continente debe dejar de ser una necesidad, para convertirse en una posibilidad. Para que la misma se realice, debemos armonizar las legislaciones y políticas públicas para proteger y cuidar a nuestr@s trabajador@s. Finalmente, la unidad sudamericana es imprescindible para crear un mercado interno suficientemente importante como para impulsar continuadamente el desarrollo autosostenido.
Sin embargo, surgen importantes diferencias estratégicas al momento de discutir sobre los caminos hacia la unidad y sobre la armonización entre culturas políticas muy diferentes. Poco a poco va imponiéndose la idea de dar prioridad a la unidad política sobre la económica. La horrorosa experiencia que la Unión Europea está haciendo con el euro nos sirve de contraejemplo. Después del fin de la Guerra Fría Europa tuvo la posibilidad de erigir un orden continental basado en los derechos humanos, la paz y la democracia, pero se decidió por la moneda común manteniendo fuertes divergencias en las estructuras económicas y sociales, el rearme y el encerramiento en la "fortaleza Europa", armada hasta los dientes para protegerse de los inmigrantes. Las consecuencias están a la vista: para encorsetar al continente en los criterios de estabilidad monetaria y financiera del euro, están colonizando Grecia y España y dieronun golpe de estado en Italia. Al margen de la Comisión Europea y del Parlamento Europa está gobernada por cuatro personas: Angela Merkel (Canciller alemana), Christine Lagarde (Presidenta del FMI), Mario Draghi (Presidente del BCE) y el Comisario de FInanzas de la UE.
Nosotros queremos seguir el camino contrario: la unidad sudamericana debe estar impulsada por y promover políticas públicas basadas en los derechos humanos, más libertades y más democracia en todos los ámbitos.
En este punto chocan nuestros estilos y culturas políticas. Brasil arrastra una cultura estamental y antidemocrática, heredada de la Colonia y del Imperio. La obstinada negativa de los distintos gobiernos brasileños a ceder porciones de soberanía para la unidad sudamericana tienen que ver con su negativa a democratizar su propio orden político, abriéndolo a la participación popular. Brasil nunca tuvo una oligarquía central en condiciones de dominar todo el país, como sucedió en todos los países hispanoamericanos. El país siempre fue gobernado por coaliciones cambiantes entre las elites. Esto tuvo la ventaja de que desde principios del siglo XX en general los enfrentamientos políticos entre miembros de las elites y de las clases medias no fueran tan violentos y de que se pudiera construir un Estado híbrido, muy eficiente en su cúpula, patrimonialista y clientelista en el resto. El lado negativo de este tipo de acuerdo es la exclusión permanente de 100 millones de personas sobre las que se descarga toda la violencia colonial y posesclavista, que sólo ahora están adquiriendo algunos derechos e imbuidas de firmes setnimientos de sometimiento. Una consecuencia notoria de este sistema es el doble discurso: todo el discurso político brasileño argumenta con las leyes. El legalismo permea la vida cotidiana. Sin embargo todos saben que las leyes son contradictorias  y asistemáticas y que están llenas de huecos para que quien tiene los contactos las pueda evadir.
En Argentina, por el contrario, la influencia revulsiva de la cultura política peronista ha construido un republicanismo plebeyo. La Patria está ante todo y no hay problemas en ceder soberanía, para ganar en derechos, como ya se ha hecho con los derechos humanos. Pero ese plebeyismo implica también que hay que negociar permanentemente las reglas y normas, porque nada está supuesto, que no se reconocen jerarquías ni canales de representación. Esta ambivalencia nos hace bastante imprevisibles para nuestros vecinos ...y muchas veces para nosotros mismos.
Valdría la pena seguir analizando las culturas políticas de todos los países sudamericanos. Por ahora lo dejo aquí. Sólo quiero que quede claro que la unidad política del Continente no será un trabajo de soplar y hacer botellas y que es una tarea demasiado seria y complicada, como para que se la dejemos a los gobernantes y diplomáticos. Sobre todo debemos abandonar las ilusiones y ser más críticos. Con espíritu solidario, sí, pero con los ojos abiertos para las diferencias.

domingo, 26 de agosto de 2012

Hoy en Miradas al Sur: acuerdo con tufillo electoral en Brasil

Un corrupto devuelve fondos

Año 5. Edición número 223. Domingo 26 de agosto de 2012
Récord. Luiz Estevão devuelve el dinero apropiado.
El ex senador Luiz Estevão, resarcirá al fisco R$ 468 millones de fondos públicos desviados durante la construcción del Tribunal Regional del Trabajo de San Pablo en los años ’90.
En un Inusual arreglo judicial, la Procuración General de la Unión (AGU, por su sigla en portugués) anunció el pasado jueves 23 que el Grupo OK, empresa del ex senador Luiz Estevão, resarcirá al fisco R$ 468 millones de fondos públicos desviados durante la construcción del Tribunal Regional del Trabajo de San Pablo en los años ’90. Es la mayor devolución de fondos sustraídos por la corrupción en la historia de Brasil. El representante de la Procuración, André Mendonça, explicó que R$ 80 millones serán pagados en efectivo y los restantes R$ 388 millones, en 96 cuotas de R$ 4 millones cada una, corregidas mensualmente según la tasa líder de intereses Selic. Los valores surgieron de dos decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU): por una se cobra la multa y por la otra, la deuda.
Según la AGU, el acuerdo abarca sólo una parte de la deuda, ya que se utilizaron los criterios de corrección del propio grupo empresarial. La diferencia respecto al valor calculado por el TCU es de R$ 542 millones que la AGU quiere cobrar judicialmente. Si lo consigue, el resarcimiento total sería de cerca de mil millones de reales (dos mil trescientos millones de pesos). Para asegurar el cumplimiento del acuerdo, la AGU mantendrá embargados 1.200 inmuebles y alquileres de inmuebles del Grupo OK que giran en torno a los R$ 2,5 millones mensuales. Mientras se paga la deuda, se mantendrán embargadas propiedades por al menos el 150% del valor de la garantía.
“Yo deseaba que se reconociera que no tengo que pagar cualquier monto, pero el precio de seguir esta pelea y el tiempo que estoy perdiendo salen más caros”, dijo Luiz Estevão al diario Correio Braziliense el mismo día 23. Según él, en los últimos meses la Justicia bloqueó también las cuentas bancarias de sus hijos y sus empresas.
Luiz Estevão es un empresario y político brasileño que toda su vida actuó en Brasilia. De origen pobre, hizo mucho dinero en las décadas de 1970 y 1980 con negocios agropecuarios, construcción civil, reventa de coches y neumáticos, una estación de radio y hasta un banco de inversión. Ya entonces reunió todas sus empresas en el Grupo OK. Su estreno en política fue en julio de 1992, cuando apareció como co-garante de un supuesto préstamo por cinco millones de dólares que el entonces presidente Fernando Collor (su amigo desde la juventud) presentó para justificar su fortuna personal, al ser denunciado por enriquecimiento ilícito.
En 1994, Estevão fue electo en Brasilia diputado distrital por el Partido Popular, una formación de derecha. Durante su mandato fue un enérgico opositor del gobierno distrital del petista Cristovam Buarque. En 1998 fue electo senador de la República por el Distrito Federal, esta vez por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) donde representaba el ala derecha. Al año siguiente, en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal sobre corrupción en la Justicia fue acusado de complicidad con el juez Nicolau dos Santos Neto (“Lalau”) en el desvío de los fondos para la construcción del edificio de la Justicia del Trabajo en San Pablo. Entonces se confiscaron disquetes copiados de una antigua computadora suya que, junto con el rastreo de las comunicaciones telefónicas y la quiebra del secreto bancario de los imputados, demostraron la colusión entre el Grupo OK y la empresa Incal, ejecutora de la obra en la capital paulista. Así, el 28 de junio de 2000 el Senado brasileño desaforó a Estevão por haber violado el decoro parlamentario por 52 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones. También perdió sus derechos políticos pasivos por ocho años y estuvo preso dos veces, aunque por corto tiempo.
Al gobierno federal este arreglo le viene de maravillas. Justo cuando el Supremo Tribunal Federal está juzgando a los reos por la red de desvío de fondos durante el primer gobierno de Lula, la Procuración, un organismo del Ministerio de Justicia, aparece como adalid en la lucha contra la corrupción… poco antes de comenzar la fase más candente de la campaña electoral.

domingo, 19 de agosto de 2012

Nueva publicación sobre Brasil en "Miradas al Sur" y "Tiempo Argentino"

Un plan de Dilma para superar el “factor Brasil”

Año 5. Edición número 222. Domingo 19 de agosto de 2012
La presidenta del vecino país lanzó un gigantesco plan de logística e infraestructura para potenciar la conectividad interna comercial.
Con un gigantesco plan de infraestructura y logística para ensanchar carreteras y construir miles de kilómetros de ferrovías, la presidenta Dilma Rousseff presentó el pasado miércoles 15 lo que debe ser la llave maestra para superar el llamado “factor Brasil”: los inmensos costos de transporte y logística que pagan las empresas del país vecino, perdiendo competitividad y encareciendo el abastecimiento interno. Simultáneamente, el gobierno fundó la Empresa de Planeamiento y Logística (EPL), sociedad anónima de mayoría estatal, que tendrá la propiedad de las vías de comunicación federales y concesionará la construcción y explotación de 7.500 km de carreteras por peaje y 10 mil de las ferrovías por el sistema de libre tránsito. A la empresa se incorporó la reciente Empresa Brasileña del Tren de Alta Velocidad (ETAV), que debe unir en el futuro próximo Río de Janeiro con San Pablo y Campinas y a fin de agosto le seguirán los puertos y algunos aeropuertos. Se prevé invertir aproximadamente 65 mil millones de dólares en 25 años, de los cuales el 80%, en los primeros cinco años. El objetivo central es coordinar todas las modalidades de transporte para alcanzar sinergias.
La incorporación del peaje y el novedoso sistema de concesiones atizaron el fuego de la disputa sobre el modelo económico del gobierno de Dilma: “El gobierno neutraliza las resistencias del PT a la privatización”, tituló Folha de São Paulo. “No se privatiza, sino que el Estado concesiona, pero mantiene siempre la propiedad”, retrucó la presidenta.
Para Sergio Leblon, columnista del portal digital de centroizquierda Carta Maior, la principal novedad es haber creado una empresa estatal que coordine y planifique toda la infraestructura de transportes. Ya en el primer gobierno de Getúlio Vargas (1930-45) se creó una entidad similar, luego disuelta y restablecida por la dictadura cívico-militar en 1965, para ser liquidada por Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
La Federación de Industriales del Estado de San Pablo (Fiesp) y su órgano político, el diario O Estado de São Paulo, aprobaron el plan, pero señalando que había demorado mucho. J.P. Kupfer, columnista de este medio conservador, apuntó al momento y las condiciones en que se concesionará. Las obras se licitarían a fines de este año, comenzarían a construirse en la segunda mitad de 2013 y recién empezarían a tener efectos económicos en 2014, o sea que el plan no incidiría en la coyuntura. Además se convoca a la iniciativa privada –apunta– en un momento en que las acciones de las principales constructoras brasileñas están en baja y no son atractivas para el financiamiento privado internacional. Asimismo, tendría un efecto negativo la intención gubernamental de otorgar las concesiones a quien garantice los peajes y aranceles ferroviarios más bajos. De este modo, critica el columnista, se asegura que las concesionarias no reinviertan sus utilidades ni mejoren el servicio.
El gobierno confía en los efectos multiplicadores del plan, tanto para la industria proveedora como para quienes se beneficien por la reducción de costos. “El objetivo es crecer sostenidamente a una tasa del 5% anual”, anunció la presidenta. Sin embargo, desde la revista progubernamental Carta Capital, el columnista económico Luis Nassif advirtió contra los estrangulamientos posibles: “La infraestructura no genera capital por sí sola”, recordó. Es preciso acompasar el plan al ritmo de la acumulación de capital, recomendó.
El plan de infraestructura y logística puede ser sumamente novedoso, según como se lo conduzca. Si el Estado impone su línea, la EPL puede ser un instrumento para superar los controles que paralizan las licitaciones estatales y coordinar esfuerzos dispersos, pero si las concesionarias se imponen, los privatizadores habrán completado el trabajo de los años ’90. De la línea que se imponga, dependerá la respuesta futura a los debates del presente.

domingo, 5 de agosto de 2012

La lucha por el poder en Brasil

El Supremo Tribunal en la picota

Año 5. Edición número 218. Domingo 5 de agosto de 2012
Mensalão. El caso de presunta corrupción está en la mesa del tribunal supremo brasileño.
Comenzó el proceso judicial conocido como mensalão, un supuesto hecho de corrupción que casi tumba a Lula.

Con un enfrentamiento entre los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil empezó el jueves 2 el proceso por los pagos mensuales que el PT habría hecho a parlamentarios propios y aliados después de la victoria en las primeras elecciones presidenciales que Lula da Silva ganó en 2003, el llamado mensalão (la gran mensualidad). A esta altura nadie sabe en Brasil, si el Supremo está juzgando a los acusados de corrupción, a sí mismo o al Fiscal General de la Unión, Roberto Gurgel. Probablemente, las tres cosas sean ciertas.
Siete años después de las primeras denuncias el caso llegó al máximo tribunal de Justicia del país. Se trata de un proceso gigantesco que el Supremo intenta tratar en dos meses. Las primeras informaciones las dio en 2005 el entonces diputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional del PTB, en una entrevista. Primero, se trató en el Congreso. Como resultado renunciaron cuatro diputados oficialistas y otros tres fueron desaforados. Luego llegó al STF en 2006, que en 2007 demandó a 40 acusados. Entre tanto murió uno y otro fue exculpado. Los principales cargos son por asociación ilícita, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.
Joaquim Barbosa (el único negro en el STF) se encargó de la investigación durante los pasados cinco años. A partir de noviembre pasado correspondió a Roberto Lewandowski (propuesto por Lula para el Tribunal) revisar su informe. Cuando el jueves comenzaron las audiencias, ambos chocaron, porque el abogado de uno de los imputados planteó una moción de orden, para desdoblar el juicio, dejando en el STF sólo a quienes entonces tenían fueros. Los demás irían a un juzgado de primera instancia, con la chance de apelar en una segunda. Como Lewandowski apoyó la moción contra una acordada anterior, Barbosa lo acusó de “deslealtad”. Finalmente, el Supremo rechazó el planteo por nueve contra dos.
Los plazos son aquí determinantes. El juez Cezar Peluso cumple 70 años en septiembre y según la Constitución de 1988 debe jubilarse. Sin un acuerdo reglamentario no podrá votar ni participar en la resolución sobre las penas a imponer. Si el proceso dura hasta noviembre, también afectará al presidente del Tribunal, Carlos Ayres Britto, que cumple 70. Los plazos también corren a los partidos políticos que ya están en campaña para las elecciones municipales del 7 de octubre, parecidas a nuestras legislativas intermedias. El tercer problema temporal, finalmente, afecta la prescripción de algunos delitos.
El gobierno de Dilma Rousseff trata de reducir los daños manteniendo la rutina de trabajo y apostan a los proyectos económicos en el Congreso. Según Emir Sader, editor del portal virtual Carta Maior, “el juicio que comienza esta semana es sobre todo el resultado de una tentativa frustrada de golpe blanco contra un gobierno popular y democrático”. En tanto, J. Carlos de Assis, economista de la Universidad Estadual de Paraíba (Uepb), lo caracterizó así en la misma publicación: primero, hubo otros procesos igual o más importantes. Segundo, “hubo un esquema clásico de segunda caja para el pago de deudas de campaña. Esto justifica que la mayoría de los beneficiarios fueran parlamentarios del PT y el odio de Jefferson por no haber recibido la parte acordada de la venta al PT del tiempo de televisión del PTB en la campaña electoral”. Todos los partidos tienen segunda caja, porque en las campañas gastan demás y después deben pagar sus deudas. Tercero, la gran prensa se enfureció con Lula, porque éste redistribuyó la pauta publicitaria oficial en favor de seis mil pequeñas y medianas empresas publicitarias. Cuarto, los fiscales generales del Estado cargaron tanto las tintas de la acusación por un exceso de vanidad, buscando los grandes titulares. “Así, finaliza, desde esta semana serán juzgados en el Supremo no sólo los 38 acusados, sino también la Fiscalía General de la República, la imparcialidad del Supremo y la responsabilidad pública de la gran prensa.”
Aunque en Brasil los grandes temas nacionales se silencian, como ahora la batalla se da en un centro del poder, los próximos meses van a ser muy ruidosos.